Aumento creciente de las agresiones: problema estructural

Las agresiones al personal de la sanidad pública han aumentado de forma clara en los últimos años y se han convertido en un problema estructural que afecta gravemente a la seguridad y a la salud laboral de los profesionales. Las amenazas, insultos, humillaciones y, en algunos casos, las agresiones físicas forman parte del día a día en numerosos centros sanitarios. Esta realidad no puede seguir interpretándose como episodios aislados, sino como el resultado de una situación de deterioro progresivo del sistema sanitario que está situando a los profesionales en una situación real de riesgo.

Muchas agresiones no se denuncian

A esta situación se suma una baja tasa de denuncias. Muchos profesionales deciden no comunicar las agresiones que sufren porque perciben que hacerlo no tiene consecuencias, que los procedimientos son complejos o que no existe un apoyo institucional efectivo tras el incidente. En muchos casos, además, existe miedo a posibles represalias o a tener que seguir atendiendo a la persona agresora sin garantías de protección. Esta falta de confianza en los mecanismos institucionales de protección contribuye a invisibilizar el problema y refuerza la sensación de desamparo entre los trabajadores.

Aumentar las sanciones contra el agresor es necesario pero no es suficiente

Las medidas centradas exclusivamente en sancionar al agresor, aunque necesarias, no son suficientes para revertir la situación. Las agresiones no pueden entenderse únicamente como conductas individuales, sino como la consecuencia final de un proceso de frustración que se genera previamente en un sistema sanitario saturado, con dificultades de acceso, demoras prolongadas y falta de respuesta a las necesidades de la población. En ese contexto, los profesionales que trabajan en primera línea se convierten en el receptor directo de esa frustración, pese a no ser responsables de las deficiencias organizativas o de la falta de recursos.

Perfil de las agresiones por nivel asistencial, categoría profesional, sexo y edad.

Si bien el tipo de las agresiones sufridas suelen ser similares tanto en el personal sanitario como en el no sanitario, un estudio reciente realizado por el Ministerio de Sanidad destaca que:

Por nivel asistencial, la Atención Primaria concentra el mayor número de agresiones notificadas (51 por ciento), seguida de la Atención Hospitalaria (47 por ciento). En contraste, emergencias extrahospitalarias representan un porcentaje menor del total de incidentes registrados.

Por categorías profesionales, el personal facultativo y el personal de enfermeríacontinúan siendo los colectivos que registran un mayor número de agresiones.

Las mujeres concentran la mayoría de las agresiones. En concreto, el 80 por ciento de las agresiones registradas afectaron a mujeres, frente al 20 por ciento correspondiente a hombres. Esta diferencia guarda relación con la composición de la plantilla sanitaria, en la que aproximadamente el 76 por ciento de los profesionales son mujeres.

Respecto a la edad, la mayor parte de las agresiones se notifican en el grupo de 25 a 35 años.

Personal facultativo y enfermería, las categorías más afectadas por las agresiones.

La situación es especialmente preocupante en el caso del personal facultativo y de enfermería, que soporta una enorme presión asistencial derivada de plantillas insuficientes y agendas cada vez más saturadas. La falta de profesionales obliga a asumir cargas de trabajo cada vez mayores, reduce el tiempo disponible para cada paciente y dificulta una atención adecuada. Esta sobrecarga genera un entorno de trabajo en el que los profesionales deben atender a un gran número de pacientes en tiempos muy limitados, gestionar situaciones de tensión constantes y responder a las demandas de una población cada vez más frustrada por las demoras y las dificultades de acceso al sistema sanitario.

Este escenario genera un clima de conflicto permanente que incrementa el riesgo de agresiones y deteriora gravemente las condiciones de trabajo. Al mismo tiempo, produce un importante impacto en la salud de los profesionales, que se enfrentan a niveles muy elevados de estrés, desgaste profesional, agotamiento emocional y otros riesgos psicosociales. Estos riesgos, que afectan de manera directa a la seguridad y al bienestar de los trabajadores, no han sido evaluados de forma adecuada ni se están aplicando las medidas correctoras necesarias para prevenirlos.

La solución al incremento en las agresiones es un sistema sanitario público que funcione y que recupere la confianza de la población.

Para que el sistema funcione el Consell debe incrementar el presupuesto en sanidad, aumentar los recursos humanos con la creación de plazas estructurales.

Para saber qué deficiencias en personal existen y qué necesidades tiene la sanidad pública valenciana es necesario un Plan de Ordenación de Recursos Humanos, mecanismo legal para la organización de la sanidad pública, que lleva años sin negociarse ni actualizarse.

La Conselleria de Sanidad no puede seguir abordando la falta de profesionales sanitarios mediante reorganización interna o redistribución de recursos, si estas medidas se traducen en un aumento de las cargas de trabajo y en la asunción de nuevas funciones por parte de los profesionales, sin un refuerzo real de las plantillas. Esta estrategia solo contribuye a agravar el problema, aumentando el desgaste de los trabajadores y deteriorando aún más la relación con los pacientes.

Se está configurando una tormenta perfecta: profesionales cada vez más sobrecargados, con menos tiempo para atender adecuadamente a los pacientes y sometidos a una presión constante, frente a usuarios que llegan al sistema sanitario tras largos periodos de espera, con un elevado nivel de frustración y una creciente pérdida de confianza en el sistema público de salud. En este contexto, cualquier conflicto o desacuerdo puede desencadenar situaciones de agresión hacia quienes representan la cara visible del sistema sanitario.

Si no se actúa sobre las causas estructurales del problema, ninguna medida aislada será capaz de frenar el aumento de las agresiones. La verdadera prevención pasa necesariamente por reforzar el sistema sanitario público, mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales y garantizar plantillas suficientes que permitan ofrecer una atención digna y segura.

Por ello, resulta imprescindible incrementar de forma real la inversión en sanidad pública y aumentar las plantillas en todas las categorías profesionales, especialmente en el caso de facultativos y personal de enfermería, que son quienes soportan la mayor responsabilidad asistencial. Sin este refuerzo estructural de recursos humanos y organizativos, cualquier plan o medida preventiva será insuficiente para garantizar la seguridad de los profesionales.

Proteger al personal sanitario no es solo una cuestión laboral. Es una condición imprescindible para garantizar el funcionamiento del sistema público de salud. Mientras los profesionales sigan trabajando en condiciones de sobrecarga, con riesgo real de agresiones y expuestos a graves riesgos psicosociales sin las medidas preventivas adecuadas, no será posible frenar la escalada de violencia en los centros sanitarios ni asegurar una atención sanitaria de calidad para la población.