OPINIÓN DEL SIMAP SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL RDL SOBRE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL RESIDENTE Y LA FALTA DE COMPROMISO CON EL PERSONAL ESTATUTARIO

El Consejo de ministros ha aprobado un real decreto que modifica las condiciones laborales del personal sanitario residente, introduciendo cambios en la jornada, las guardias, los descansos, las retribuciones y la prevención de riesgos laborales.

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A continuación, reproducimos los comentarios de SIMAP a la publicación del Ministerio de Sanidad en Instagram sobre el nuevo real decreto que regula las condiciones laborales de los residentes.

COMENTARIOS DE SIMAP A LAS DECLARACIONES DE LA MINISTRA Y AL SECRETARIO DE ESTADO DE SANIDAD

SIMAP es la organización sindical que consiguió, en el año 2000, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), mediante la histórica sentencia del asunto SIMAP, reconociera que las guardias de presencia física debían considerarse tiempo de trabajo en su totalidad en toda la Unión Europea.

Esta sentencia supuso un hito en el derecho laboral europeo, al establecer las bases para garantizar el respeto a los descansos mínimos diarios y semanales, la limitación de la jornada máxima de trabajo y la aplicación de las garantías previstas por la normativa europea al conjunto de las horas trabajadas, incluidas las guardias.

Sin embargo, estos derechos no se incorporaron ni desarrollaron adecuadamente en el Estatuto Marco de 2003 ni en las normativas autonómicas. Tampoco se garantizaron suficientemente en la regulación de las condiciones laborales del personal sanitario residente.

Ya en 1999, SIMAP había conseguido una sentencia del Tribunal Supremo que reconocía el derecho de los médicos internos residentes (MIR) al descanso tras las guardias. Desde entonces, no hemos dejado de luchar para que la jornada laboral y los descansos del personal que realiza jornada complementaria o guardias se ajusten a las exigencias legales de protección de la salud.

Coincidimos con ustedes en que, incluso con el Estatuto Marco de 2003, las comunidades autónomas podrían haber organizado sistemas de trabajo respetuosos con la Directiva 2003/88/CE, la sentencia SIMAP y la posterior jurisprudencia del TJUE. Sin embargo, esto no ha sucedido en más de veinte años.

La organización estructural del trabajo en la sanidad pública española se ha desarrollado como si viviéramos permanentemente en una situación de excepcionalidad y emergencia. Se ha convertido en habitual lo que debería ser excepcional, y se ha normalizado un modelo de jornadas prolongadas que compromete la salud de los profesionales.

Este sistema de guardias, unido al deterioro general de las condiciones laborales, ha contribuido a que durante años no se hayan dimensionado adecuadamente las necesidades reales de facultativos especialistas y residentes. También ha favorecido la pérdida de profesionales hacia otros ámbitos, incluida la sanidad privada, agravando los déficits estructurales de personal.

En esta línea, SIMAP ha presentado este año una denuncia ante la Comisión Europea, que ha sido registrada y se encuentra en tramitación, por los incumplimientos de la normativa europea sobre jornada laboral y descansos.

A todo ello se añade que nunca se han evaluado de forma rigurosa y suficiente los riesgos para la salud derivados de este modelo de trabajo, pese a las evidencias científicas sobre los efectos de las jornadas prolongadas, la fatiga y la privación de sueño.

Las denuncias que hemos presentado ante la Inspección de Trabajo y los requerimientos derivados de sus actuaciones tampoco han conseguido corregir esta situación. Las limitaciones del régimen sancionador aplicable a las administraciones públicas no pueden convertirse en una excusa para perpetuar incumplimientos ni para eludir la obligación de proteger la salud de los trabajadores.

Dicho esto, ante la regulación de las condiciones laborales que ustedes anuncian para el personal residente, queremos plantear una cuestión fundamental:

¿Dónde está la justificación de una necesidad urgente y excepcional que permita apartarse del derecho de los residentes a un descanso mínimo diario de 12 horas, reconocido en el derecho europeo?

No encontramos motivos para mostrarse satisfechos por reducir de 24 a 17 las horas consecutivas de trabajo que pueden imponerse a los residentes.

Tampoco consideramos aceptable minimizar la gravedad de una situación que afecta tanto a residentes como a facultativos especialistas y que supone mantener jornadas prolongadas cuyos efectos perjudiciales para la salud están ampliamente documentados.

Reducir una jornada de 24 a 17 horas consecutivas no significa haber resuelto el problema. Significa seguir aceptando como normal una organización del trabajo que debería ser excepcional.

Antes de dar por válida cualquier regulación que permita imponer jornadas de 17 horas consecutivas, el Ministerio debería exigir una evaluación específica de sus riesgos para la salud, incluyendo la fatiga, la privación de sueño, los riesgos psicosociales y sus consecuencias sobre la seguridad de los profesionales y de los pacientes. No basta con reducir el número de horas: es necesario demostrar que la organización del trabajo garantiza una protección eficaz de la salud.

Por ello, les pedimos que aborden esta cuestión desde la perspectiva de la protección de la salud del personal médico y facultativo, y que reconozcan, de una vez, que estamos ante un problema grave que exige actuaciones normativas y organizativas efectivas.

Les reclamamos que utilicen las competencias y los instrumentos legales de los que disponen para:

• Establecer una jornada diaria máxima obligatoria de 12 horas, reservando las prolongaciones excepcionales para situaciones de emergencia reales, debidamente justificadas y sometidas a las garantías legales correspondientes.
• Garantizar que cualquier jornada que exceda de la ordinaria establecida tenga carácter voluntario, dentro de los límites y garantías de la normativa aplicable, sin que pueda utilizarse la falta estructural de personal para imponer prolongaciones sistemáticas.
• Establecer mecanismos efectivos de control, exigencia de responsabilidades y medidas disuasorias que garanticen el cumplimiento de los derechos de descanso y de protección de la salud laboral reconocidos por la normativa europea.

Estas garantías deben llegar de forma efectiva A TODO EL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES SANITARIAS PÚBLICAS QUE REALIZA JORNADA COMPLEMENTARIA O GUARDIAS, incluidos los profesionales en formación sanitaria especializada.

No se escuden en afirmar que han hecho todo lo posible para sacar adelante la reforma del Estatuto Marco. No es la única vía de actuación de la que disponen.

No den por buenas las jornadas de 17 horas consecutivas de los residentes. No presenten como una solución suficiente lo que únicamente supone una reducción de la exposición a un riesgo laboral que sigue existiendo.

Actúen con decisión y eficacia. Impulsen los cambios normativos y organizativos necesarios para acabar con la utilización estructural de jornadas excesivamente prolongadas, cuya compatibilidad con el derecho europeo exige respetar estrictamente los límites, las excepciones y las garantías de descanso establecidos.

La asistencia sanitaria debe garantizarse las 24 horas del día, pero eso no exige que los mismos profesionales trabajen 24 horas seguidas, ni 17.

Existen alternativas organizativas basadas en turnos y relevos que permiten garantizar la continuidad asistencial sin comprometer la salud de quienes la prestan.

No se puede reconocer que las guardias de 24 horas son perjudiciales para la salud y, al mismo tiempo, defender las de 17 horas como una solución adecuada sin una evaluación rigurosa de los riesgos que siguen comportando.

Proteger la salud de los profesionales sanitarios no puede seguir siendo una cuestión secundaria ni quedar supeditada a las deficiencias estructurales de organización y planificación de las administraciones sanitarias.

Os aportamos, a continuación, un resumen de lo que contendrá el RDL y que ha trasmitido el propio ministerio de Sanidad:

Las principales medidas son:

• Jornada ordinaria: máximo de 35 horas semanales de promedio semestral, salvo otros sistemas de cómputo pactados.
• Guardias: duración máxima de 17 horas consecutivas, computando conjuntamente la jornada ordinaria y la guardia cuando no exista un descanso de 12 horas entre ambas.
• Número de guardias: hasta cuatro módulos mensuales, con posibilidad de un quinto por razones docentes justificadas. Voluntariamente, y con consentimiento expreso y revocable, podrán ampliarse hasta siete.
• Jornada máxima total: 45 horas semanales de promedio trimestral, incluyendo jornada ordinaria y guardias.
• Descansos: mínimo de 12 horas entre jornadas y 24 horas de descanso semanal, obligatorios e irrenunciables. Se contemplan descansos alternativos en determinadas situaciones justificadas.
• Retribuciones: incremento progresivo del complemento de formación, desde el 18 % del sueldo base en el primer año hasta el 58 % en el quinto. Se mejoran también las garantías retributivas durante determinadas situaciones de incapacidad temporal y permisos protegidos.
• Prevención de riesgos laborales: evaluaciones de riesgos al menos cada dos años, con especial atención a los riesgos psicosociales, las agresiones y los efectos de las jornadas prolongadas. Se contemplan adaptaciones del puesto por motivos de salud.
• Control horario: implantación de registros accesibles a los residentes para verificar el cumplimiento de las jornadas y los descansos.
• Aspecto especialmente relevante: aunque la reforma reduce las guardias de 24 a 17 horas, mantiene la posibilidad de imponer jornadas prolongadas y contempla excepciones al descanso ordinario. Además, permite ampliar voluntariamente el número de guardias hasta siete módulos mensuales.

Entrada en vigor: el día siguiente a su publicación en el BOE, aunque las modificaciones de jornada se aplicarán desde el 1 de septiembre de 2027 y las retributivas desde el 1 de enero de 2027.

Aunque reconocemos algunas mejoras, consideramos que son insuficientes, falta un compromiso real en materia de protección de la salud, y no existen garantías adecuadas para su cumplimiento.

Una vez más, se pierde la oportunidad de abordar seriamente los riesgos para la salud de las guardias prolongadas y garantizar el respeto a la normativa europea y la sentencia del TJUE del Asunto SIMAP: tanto en personal residente como estatutario que hace guardias.

SIMAP denuncia también la falta de compromiso del Ministerio con el personal estatutario de las instituciones sanitarias públicas. Podría haber hecho mucho más y todavía está a tiempo de actuar.

OPINIÓ DEL SIMAP SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL RDL SOBRE LES CONDICIONS LABORALS DEL PERSONAL RESIDENT I LA FALTA DE COMPROMÍS AMB EL PERSONAL ESTATUTARI

El Consell de ministres ha aprovat un reial decret que modifica les condicions laborals del personal sanitari resident, i introdueix canvis en la jornada, les guàrdies, els descansos, les retribucions i la prevenció de riscos laborals.

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A continuació, reproduïm els comentaris de SIMAP a la publicació del Ministeri de Sanitat en Instagram sobre el nou reial decret que regula les condicions laborals dels residents.

COMENTARIS DE SIMAP A LES DECLARACIONS DE LA MINISTRA I AL SECRETARI D’ESTAT DE SANITAT

SIMAP és l’organització sindical que va aconseguir, l’any 2000, que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), mitjançant la històrica sentència de l’assumpte SIMAP, reconeguera que les guàrdies de presència física s’havien de considerar temps de treball en la seua totalitat en tota la Unió Europea.

Esta sentència va suposar una fita en el dret laboral europeu, en establir les bases per a garantir el respecte als descansos mínims diaris i setmanals, la limitació de la jornada màxima de treball i l’aplicació de les garanties previstes per la normativa europea al conjunt de les hores treballades, incloses les guàrdies.

No obstant això, estos drets no es van incorporar ni desenvolupar adequadament en l’Estatut Marc de 2003 ni en les normatives autonòmiques. Tampoc no es van garantir prou en la regulació de les condicions laborals del personal sanitari resident.

Ja en 1999, SIMAP havia aconseguit una sentència del Tribunal Suprem que reconeixia el dret dels metges interns residents (MIR) al descans després de les guàrdies. Des d’aleshores, no hem deixat de lluitar perquè la jornada laboral i els descansos del personal que fa jornada complementària o guàrdies s’ajusten a les exigències legals de protecció de la salut.

Coincidim amb vostés que, fins i tot amb l’Estatut Marc de 2003, les comunitats autònomes podrien haver organitzat sistemes de treball respectuosos amb la Directiva 2003/88/CE, la sentència SIMAP i la posterior jurisprudència del TJUE. No obstant això, açò no ha succeït en més de vint anys.

L’organització estructural del treball en la sanitat pública espanyola s’ha desenvolupat com si visquérem permanentment en una situació d’excepcionalitat i emergència. S’ha convertit en habitual el que hauria de ser excepcional, i s’ha normalitzat un model de jornades prolongades que compromet la salut dels professionals.

Este sistema de guàrdies, unit al deteriorament general de les condicions laborals, ha contribuït a fer que durant anys no s’hagen dimensionat adequadament les necessitats reals de facultatius especialistes i residents. També ha afavorit la pèrdua de professionals cap a altres àmbits, inclosa la sanitat privada, i ha agreujat els dèficits estructurals de personal.

En esta línia, SIMAP ha presentat enguany una denúncia davant la Comissió Europea, que ha sigut registrada i es troba en tramitació, pels incompliments de la normativa europea sobre jornada laboral i descansos.

A tot això s’afig que mai no s’han avaluat de manera rigorosa i suficient els riscos per a la salut derivats d’este model de treball, malgrat les evidències científiques sobre els efectes de les jornades prolongades, la fatiga i la privació de son.

Les denúncies que hem presentat davant la Inspecció de Treball i els requeriments derivats de les seues actuacions tampoc no han aconseguit corregir esta situació. Les limitacions del règim sancionador aplicable a les administracions públiques no poden convertir-se en una excusa per a perpetuar incompliments ni per a eludir l’obligació de protegir la salut dels treballadors.

Dit això, davant la regulació de les condicions laborals que vostés anuncien per al personal resident, volem plantejar una qüestió fonamental:

On és la justificació d’una necessitat urgent i excepcional que permeta apartar-se del dret dels residents a un descans mínim diari de 12 hores, reconegut en el dret europeu?

No trobem motius per a mostrar-se satisfets per reduir de 24 a 17 les hores consecutives de treball que es poden imposar als residents.

Tampoc no considerem acceptable minimitzar la gravetat d’una situació que afecta tant residents com facultatius especialistes i que suposa mantindre jornades prolongades amb uns efectes perjudicials per a la salut que estan àmpliament documentats.

Reduir una jornada de 24 a 17 hores consecutives no significa haver resolt el problema. Significa continuar acceptant com a normal una organització del treball que hauria de ser excepcional.

Abans de donar per vàlida qualsevol regulació que permeta imposar jornades de 17 hores consecutives, el Ministeri hauria d’exigir una avaluació específica dels seus riscos per a la salut, incloent-hi la fatiga, la privació de son, els riscos psicosocials i les seues conseqüències sobre la seguretat dels professionals i dels pacients. No n’hi ha prou amb reduir el nombre d’hores: cal demostrar que l’organització del treball garanteix una protecció eficaç de la salut.

Per això, els demanem que aborden esta qüestió des de la perspectiva de la protecció de la salut del personal mèdic i facultatiu, i que reconeguen, d’una vegada, que estem davant d’un problema greu que exigeix actuacions normatives i organitzatives efectives.

Els reclamem que utilitzen les competències i els instruments legals de què disposen per a:

• Establir una jornada diària màxima obligatòria de 12 hores, i reservar les prolongacions excepcionals per a situacions d’emergència reals, degudament justificades i sotmeses a les garanties legals corresponents.
• Garantir que qualsevol jornada que excedisca de l’ordinària establida tinga caràcter voluntari, dins dels límits i garanties de la normativa aplicable, sense que es puga utilitzar la falta estructural de personal per a imposar prolongacions sistemàtiques.
• Establir mecanismes efectius de control, exigència de responsabilitats i mesures dissuasòries que garantisquen el compliment dels drets de descans i de protecció de la salut laboral reconeguts per la normativa europea.

Estes garanties han d’arribar de manera efectiva A TOT EL PERSONAL DE LES INSTITUCIONS SANITÀRIES PÚBLIQUES QUE FA JORNADA COMPLEMENTÀRIA O GUÀRDIES, inclosos els professionals en formació sanitària especialitzada.

No s’escuden a afirmar que han fet tot el possible per a tirar avant la reforma de l’Estatut Marc. No és l’única via d’actuació de què disposen.

No donen per bones les jornades de 17 hores consecutives dels residents. No presenten com una solució suficient el que únicament suposa una reducció de l’exposició a un risc laboral que continua existint.

Actuen amb decisió i eficàcia. Impulsen els canvis normatius i organitzatius necessaris per a acabar amb la utilització estructural de jornades excessivament prolongades, la compatibilitat de les quals amb el dret europeu exigeix respectar estrictament els límits, les excepcions i les garanties de descans establits.

L’assistència sanitària s’ha de garantir les 24 hores del dia, però això no exigeix que els mateixos professionals treballen 24 hores seguides, ni 17.

Hi ha alternatives organitzatives basades en torns i relleus que permeten garantir la continuïtat assistencial sense comprometre la salut de qui la presta.

No es pot reconéixer que les guàrdies de 24 hores són perjudicials per a la salut i, alhora, defendre les de 17 hores com una solució adequada sense una avaluació rigorosa dels riscos que continuen comportant.

Protegir la salut dels professionals sanitaris no pot continuar sent una qüestió secundària ni quedar supeditada a les deficiències estructurals d’organització i planificació de les administracions sanitàries.

Us aportem, a continuació, un resum del que contindrà el RDL i que ha transmés el mateix Ministeri de Sanitat:

Les principals mesures són:

• Jornada ordinària: màxim de 35 hores setmanals de mitjana semestral, llevat d’altres sistemes de còmput pactats.
• Guàrdies: duració màxima de 17 hores consecutives, computant conjuntament la jornada ordinària i la guàrdia quan no hi haja un descans de 12 hores entre totes dues.
• Nombre de guàrdies: fins a quatre mòduls mensuals, amb possibilitat d’un cinqué per raons docents justificades. Voluntàriament, i amb consentiment exprés i revocable, es podran ampliar fins a set.
• Jornada màxima total: 45 hores setmanals de mitjana trimestral, incloent-hi jornada ordinària i guàrdies.
• Descansos: mínim de 12 hores entre jornades i 24 hores de descans setmanal, obligatoris i irrenunciables. Es contemplen descansos alternatius en determinades situacions justificades.
• Retribucions: increment progressiu del complement de formació, des del 18 % del sou base el primer any fins al 58 % en el cinqué. També es milloren les garanties retributives durant determinades situacions d’incapacitat temporal i permisos protegits.
• Prevenció de riscos laborals: avaluacions de riscos almenys cada dos anys, amb especial atenció als riscos psicosocials, les agressions i els efectes de les jornades prolongades. Es contemplen adaptacions del lloc de treball per motius de salut.
• Control horari: implantació de registres accessibles als residents per a verificar el compliment de les jornades i els descansos.
• Aspecte especialment rellevant: encara que la reforma redueix les guàrdies de 24 a 17 hores, manté la possibilitat d’imposar jornades prolongades i preveu excepcions al descans ordinari. A més, permet ampliar voluntàriament el nombre de guàrdies fins a set mòduls mensuals.

Entrada en vigor: l’endemà de la seua publicació en el BOE, encara que les modificacions de jornada s’aplicaran des de l’1 de setembre de 2027 i les retributives des de l’1 de gener de 2027.

Encara que reconeixem algunes millores, considerem que són insuficients, falta un compromís real en matèria de protecció de la salut, i no hi ha garanties adequades per al seu compliment.

Una vegada més, es perd l’oportunitat d’abordar seriosament els riscos per a la salut de les guàrdies prolongades i garantir el respecte a la normativa europea i la sentència del TJUE de l’Assumpte SIMAP: tant en personal resident com estatutari que fa guàrdies.

SIMAP denuncia també la falta de compromís del Ministeri amb el personal estatutari de les institucions sanitàries públiques. Podria haver fet molt més i encara és a temps d’actuar.