LA SALUD MENTAL NECESITA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.

Las entidades firmantes defendemos el derecho de todas las personas a recibir una atención en salud mental adecuada a sus necesidades, en el momento oportuno y con garantías de calidad, con independencia de su edad, situación económica o lugar de residencia. 

La atención a la salud mental es necesariamente interdisciplinar y requiere la participación coordinada de los distintos profesionales sanitarios, respetando las competencias de cada uno de ellos. Defendemos el papel de todos los profesionales con formación especializada que intervienen en este ámbito, incluidos los especialistas en Psicología Clínica, Psiquiatría, Medicina Familiar y Comunitaria, Pediatría y Enfermería Especialista en Salud Mental, entre otros, desde un modelo de colaboración en el que las distintas disciplinas aporten sus competencias propias de forma complementaria y coordinada.

Mejorar el acceso a la atención en salud mental es una responsabilidad compartida y una prioridad que debe traducirse en recursos, profesionales y servicios suficientes, preservando la formación sanitaria especializada necesaria para evaluar, tratar y acompañar a las personas a lo largo de su proceso asistencial.

Por ello, hacemos un llamamiento a las administraciones públicas y al conjunto de la sociedad para avanzar en los siguientes compromisos:

1 Garantizar el acceso efectivo a la atención especializada

La sanidad pública debe ofrecer una respuesta a tiempo, con profesionales cualificados y tratamientos adecuados a las necesidades de cada persona. Reducir las listas de espera y las desigualdades territoriales requiere una planificación sostenida y una financiación suficiente.

2 Asegurar la correspondencia entre funciones y cualificación profesional

Las funciones asistenciales que requieren una especialidad sanitaria deben ser desempeñadas por profesionales que cuenten con ella, conforme al marco normativo. La formación sanitaria especializada, basada en la práctica supervisada y la adquisición progresiva de competencias, debe preservarse y reforzarse

3 Reforzar la atención en salud mental desde Atención Primaria

Defendemos el refuerzo de la atención a la salud mental desde Atención Primaria, reconociendo el papel central de los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y Pediatría y de los profesionales de Enfermería, e incorporando especialistas en Psicología Clínica y especialistas en Enfermería de Salud Mental que trabajen de forma integrada y coordinada con Atención Primaria y con los servicios de Salud Mental, con competencias, responsabilidades y circuitos asistenciales claros.

Atención Primaria, que incluye la atención pediátrica, es un ámbito de elevada responsabilidad clínica en el que los problemas pueden presentarse de forma poco definida y su complejidad hacerse visible durante la evaluación y el seguimiento. Sus equipos necesitan tiempo, recursos y acceso a atención especializada.

4 Garantizar una atención especializada a la infancia y la adolescencia.

Los niños, niñas y adolescentes necesitan una atención especializada que tenga en cuenta las características propias de cada etapa del desarrollo y sus contextos familiar, educativo y social. Esta atención debe facilitar su participación y la de sus familias, respetando su autonomía progresiva y asegurar la continuidad de los cuidados, especialmente en la transición a los servicios de adultos.

Para garantizarla, es necesario contar con profesionales que tengan una formación especializada y competencias específicas para la atención en estas etapas, tiempo suficiente para el trabajo en red y recursos y circuitos asistenciales adaptados a sus necesidades por lo que solicitamos la creación de la especialidad de psicología clínica de la infancia y adolescencia.

5 Planificar y cuidar las plantillas.

Es necesario reforzar las plantillas de profesionales que intervienen en la atención a la salud mental, de acuerdo con las necesidades asistenciales de cada nivel y dispositivo, incluyendo especialistas en Psicología Clínica, Psiquiatría, Medicina Familiar y Comunitaria, Pediatría y Enfermería Especialista en Salud Mental, entre otros. Esta planificación debe garantizar dotaciones suficientes para la actividad asistencial, la coordinación, la gestión, la docencia y la investigación, y contemplar las necesidades específicas de la infancia, la adolescencia, la edad adulta y las personas mayores.

Las dificultades de contratación deben abordarse mediante una planificación suficiente de profesionales y unas condiciones laborales que permitan incorporarlos y mantenerlos en los servicios públicos.

La ampliación de plazas de formación sanitaria especializada debe acompañarse de capacidad docente e investigadora, supervisión adecuada, empleo estable y condiciones que favorezcan una atención de calidad.

6 Garantizar el rigor clínico y el respeto a los derechos.

Las intervenciones deben apoyarse en la evidencia científica, la evaluación clínica y las preferencias de las personas atendidas. La práctica especializada debe incorporar de forma transversal la perspectiva de género y los enfoques interseccional y transcultural. Estos enfoques deben orientar la prevención de sesgos diagnósticos, la discriminación y la sobremedicación.

La atención debe sustentarse en una bioética deliberativa que respete la autonomía y la dignidad de la persona y evite prácticas paternalistas. El consentimiento informado debe ser un proceso comprensible y efectivo, con tiempo y apoyos para valorar las opciones y participar en  decisiones compartidas.

7 Asegurar la continuidad de los cuidados y la recuperación.

Cada persona debe disponer de un itinerario asistencial comprensible y de referentes claros. La coordinación entre Atención Primaria, Salud Mental, hospitales y recursos sociales o educativos debe permitir transiciones acompañadas, especialmente tras una crisis, un ingreso o un cambio de dispositivo.

Esta coordinación debe incluir una red suficiente de rehabilitación psicosocial y apoyos para la inclusión social y laboral, orientada a la recuperación y a que cada persona pueda desarrollar un proyecto de vida propio y digno. Las personas atendidas y, cuando corresponda, sus familias necesitan saber quién las atiende, cuál es el plan acordado y a quién dirigirse cuando surgen dificultades.

En las personas en edad laboral, debe facilitarse la coordinación con los especialistas en Medicina del Trabajo para favorecer el mantenimiento o la reincorporación al empleo en condiciones adecuadas, respetando la confidencialidad, la autonomía y las necesidades de cada persona.

8 Actuar sobre los determinantes sociales y reforzar la prevención comunitaria.

La atención especializada debe tener en cuenta las condiciones materiales y sociales de la vida de las personas. Las políticas de salud mental deben incluir actuaciones sobre la precariedad laboral, la inseguridad residencial, la exclusión, la discriminación y la soledad no deseada.

Es necesario impulsar la prevención primaria comunitaria mediante el trabajo coordinado entre sanidad, educación, servicios sociales, vivienda y empleo, con participación de la comunidad para promover la salud mental y reducir los factores de riesgo antes de que aparezcan los problemas.

9 Incorporar la voz de pacientes y familias.

Las organizaciones de pacientes y familiares deben participar en el diseño y la evaluación de los servicios. La ciudadanía debe recibir información clara sobre la cualificación de los profesionales, las opciones de tratamiento y las vías de acceso a atención especializada.

10 Evaluar los resultados y rendir cuentas.

Los planes de salud mental deben contar con objetivos, financiación, plazos e indicadores públicos que permitan conocer los tiempos de espera, las desigualdades en el acceso, la continuidad asistencial, los resultados de la atención y la experiencia de las personas atendidas.

Por todo ello, solicitamos al Ministerio de Sanidad, a las comunidades autónomas y a los responsables de los servicios sanitarios que incorporen estos compromisos a sus decisiones de planificación y organización, contando con profesionales, sociedades científicas y organizaciones de
pacientes.

Ampliar el acceso y garantizar la atención especializada deben avanzar juntos. La salud mental merece recursos suficientes, profesionales con la formación necesaria y cuidados que acompañen a cada persona cuando los necesita.