12 May 2026: EUROPA CORRIGE OTRA VEZ EL MODELO ESPAÑOL CONTRA LA TEMPORALIDAD
Europa vuelve a poner en cuestión el modelo español para combatir la temporalidad en el empleo público. La reciente sentencia del TJUE de abril de 2026 confirma lo que SIMAP ya venía advirtiendo: las medidas adoptadas hasta ahora no han sido eficaces ni disuasorias, dejando sin una solución real a miles de trabajadores afectados por el abuso de contratos temporales. En este envío analizamos cómo se ha llegado hasta aquí, por qué la Ley 20/2021 no ha cumplido su objetivo y qué escenario se abre ahora tanto para los tribunales como para el legislador.
Para entender la situación actual debemos revisar el origen de la Ley 20/ 2021 de medidas para acabar con el abuso de la temporalidad en el empleo público.
A comienzos de 2021, España arrastraba desde hacía años un problema evidente: el abuso de la temporalidad en el empleo público. Había miles de trabajadores encadenando contratos durante largos periodos, a veces décadas, sin convertirse en personal fijo, algo especialmente grave en sectores como la sanidad.
La Unión Europea llevaba tiempo advirtiendo a España de que esta situación incumplía la Directiva 1999/70/CE, que obliga a prevenir y sancionar el uso abusivo de contratos temporales. Además, en el contexto de las ayudas europeas tras la pandemia, Bruselas exigió medidas concretas para corregir este problema.
El detonante definitivo llegó con varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en junio de 2021, que dejaron claro que la normativa y la práctica españolas no estaban protegiendo adecuadamente a los trabajadores. Incluso señalaron algo clave: los jueces nacionales deben interpretar la ley interna conforme al Derecho Europeo, y si esto no es posible, y entran en contradicción, la norma nacional no puede prevalecer.
En ese contexto (presión europea, riesgo de sanciones y necesidad de acceder a fondos) España se vio prácticamente obligada a reaccionar. De ahí surge la Ley 20/2021, como un intento de dar respuesta a un problema que ya no podía seguir aplazándose.
La Ley 20/2021, una norma que prometía acabar con esta situación y, como vamos a explicar, no ha sido así.
SIMAP ya denunció que las medidas contenidas en la Ley 20/2021 no cumplían con los requisitos del TJUE antes de su aprobación:
Denunciamos, previa a la publicación de la Ley 20/2021, que las medidas previstas no garantizaban una reparación real del daño sufrido por los trabajadores en situación de abuso de la temporalidad, ni resultaban disuasorias para la Administración, tal y como explicamos en los escritos de 1 y 9 de julio de 2021.
Asimismo, criticamos que los procesos de estabilización abiertos a candidatos que no han sido víctimas de la utilización abusiva de los nombramientos no compensaban adecuadamente el abuso padecido, ni constituían una sanción efectiva para prevenir el abuso, cuestión reiterada en el envío de 2 de septiembre de 2021, en el que se advertía también, que este tipo de convocatorias abiertas ya habían sido cuestionadas por la jurisprudencia europea.
Insistimos en el envío de 9 de septiembre de 2021 en que las indemnizaciones por cese previstas en la Ley no eran suficientes para ser efectivas y disuasorias y en que la responsabilidad de los gestores públicos era ambigua y no estaba bien definida, por lo que carecería de eficacia para evitar malas prácticas,
Frente a ello, SIMAP defendía la adopción de mecanismos realmente eficaces, proponiendo incluso el reconocimiento de una estabilidad equivalente a la fijeza como sanción al abuso, unas indemnizaciones por cese como mínimo equivalente a un despido improcedente y que se percibieran en cualquier circunstancia tras el cese, el refuerzo de los sistemas de control y prevención, y sanciones concretas, económicas y administrativas, a aquellos gestores que incurrieran en prácticas abusivas, propuestas trasladadas a los grupos parlamentarios en septiembre de 2021. Pero no se hizo nada de todo ello. Y llegamos a 2026.
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN 2026?
La Sentencia TJUE 14 abril 2026 (C-418/24) viene a confirmar, de forma clara y sin rodeos, lo que ya se venía advirtiendo desde hace tiempo: el modelo español no está resolviendo bien el problema del abuso de la temporalidad en el empleo público.
Lo que hay no sirve: no se han tomado medidas eficaces proporcionadas y disuasorias para prevenir el abuso de la temporalidad en los empleados públicos en España. No se ha compensado correctamente a las víctimas del abuso, No existen medidas claras y eficaces para disuadir y sancionar a la Administración cuando comete estos abusos a los trabajadores. La figura del “indefinido no fijo” sigue dejando al trabajador temporal en una situación precaria, donde persiste el abuso de la temporalidad.
En pocas palabras, Europa considera que España no ha dado una solución válida a este problema.
¿Y qué pasa ahora? En este momento estamos en una fase de transición.
La solución que permita aunar el derecho y la jurisdicción nacional con el derecho y la jurisdicción europea no va a ser inmediata ni sencilla.
Por un lado, los tribunales españoles, especialmente el Tribunal Supremo, tendrán que interpretar la normativa actual teniendo en cuenta esta sentencia y empezar a buscar soluciones más eficaces en los casos concretos que permitan cumplir el derecho de la UE en materia de protección de los trabajadores respecto a la estabilidad en el empleo. Pero, al mismo tiempo, el problema es de fondo y afecta a todo el sistema, por lo que también será necesario que el legislador reforme la ley para adaptarla a lo que exige Europa.
Esta sentencia del TJUE podría cambiar los criterios respecto a quién puede beneficiarse de las indemnizaciones por cese, tras haber sufrido un abuso de la temporalidad, y de las cuantías a percibir. También podría cambiar el sentido de las sentencias de las denuncias por abuso de la temporalidad en casos concretos y las sanciones que se impusieran a las administraciones y a los gestores que incurrieran en estas prácticas ilegales.
El problema está sobre la mesa, pero todavía falta ver cómo se va a aplicar en la práctica, tanto por los tribunales como por el propio legislador.
Por eso, desde SIMAP os hacemos una recomendación prudente y clara: conviene esperar a ver cómo evoluciona la situación, antes de embarcarse en nuevas acciones legales, ya que el escenario puede cambiar en los próximos meses.
Os iremos informando de las novedades.
2026: EUROPA CORREGEIX UNA ALTRA VEGADA EL MODEL ESPANYOL CONTRA LA TEMPORALITAT
Europa torna a posar en qüestió el model espanyol per a combatre la temporalitat en l’ocupació pública. La recent sentència del TJUE d’abril de 2026 confirma allò que SIMAP ja venia advertint: les mesures adoptades fins ara no han sigut eficaces ni dissuasives, deixant sense una solució real milers de treballadors afectats per l’abús de contractes temporals. En este enviament analitzem com s’ha arribat fins ací, per què la Llei 20/2021 no ha complit el seu objectiu i quin escenari s’obri ara tant per als tribunals com per al legislador.
Per a entendre la situació actual hem de revisar l’origen de la Llei 20/2021 de mesures per a acabar amb l’abús de la temporalitat en l’ocupació pública.
A començaments de 2021, Espanya arrossegava des de feia anys un problema evident: l’abús de la temporalitat en l’ocupació pública. Hi havia milers de treballadors encadenant contractes durant llargs períodes, a vegades dècades, sense convertir-se en personal fix, cosa especialment greu en sectors com la sanitat.
La Unió Europea feia temps que advertia Espanya que esta situació incomplia la Directiva 1999/70/CE, que obliga a previndre i sancionar l’ús abusiu de contractes temporals. A més, en el context de les ajudes europees després de la pandèmia, Brussel·les va exigir mesures concretes per a corregir este problema.
El detonant definitiu va arribar amb diverses sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) al juny de 2021, que van deixar clar que la normativa i la pràctica espanyoles no estaven protegint adequadament els treballadors. Fins i tot van assenyalar una cosa clau: els jutges nacionals han d’interpretar la llei interna conforme al Dret Europeu, i si això no és possible i entra en contradicció, la norma nacional no pot prevaldre.
En este context (pressió europea, risc de sancions i necessitat d’accedir a fons), Espanya es va veure pràcticament obligada a reaccionar. D’ací sorgeix la Llei 20/2021, com un intent de donar resposta a un problema que ja no es podia continuar ajornant.
La Llei 20/2021, una norma que prometia acabar amb esta situació i, com explicarem, no ha sigut així.
SIMAP ja va denunciar que les mesures contingudes en la Llei 20/2021 no complien amb els requisits del TJUE abans de la seua aprovació:
Denunciàrem, prèviament a la publicació de la Llei 20/2021, que les mesures previstes no garantien una reparació real del dany patit pels treballadors en situació d’abús de la temporalitat, ni resultaven dissuasives per a l’Administració, tal com explicàrem en els escrits de l’1 i el 9 de juliol de 2021.
Així mateix, criticàrem que els processos d’estabilització oberts a candidats que no han sigut víctimes de la utilització abusiva dels nomenaments no compensaven adequadament l’abús patit, ni constituïen una sanció efectiva per a previndre’l, qüestió reiterada en l’enviament de 2 de setembre de 2021, en què també s’advertia que este tipus de convocatòries obertes ja havien sigut qüestionades per la jurisprudència europea.
Insistírem en l’enviament de 9 de setembre de 2021 que les indemnitzacions per cessament previstes en la Llei no eren suficients per a ser efectives i dissuasives i que la responsabilitat dels gestors públics era ambígua i no estava ben definida, per la qual cosa mancaria d’eficàcia per a evitar males pràctiques.
Davant d’això, SIMAP defensava l’adopció de mecanismes realment eficaços, proposant fins i tot el reconeixement d’una estabilitat equivalent a la fixesa com a sanció a l’abús, unes indemnitzacions per cessament com a mínim equivalents a un acomiadament improcedent i que es perceberen en qualsevol circumstància després del cessament, el reforç dels sistemes de control i prevenció, i sancions concretes, econòmiques i administratives, per a aquells gestors que incorreren en pràctiques abusives, propostes traslladades als grups parlamentaris al setembre de 2021. Però no es va fer res de tot això. I arribem a 2026.
QUINA ÉS LA SITUACIÓ EN 2026?
La Sentència TJUE de 14 d’abril de 2026 (C-418/24) ve a confirmar, de manera clara i sense embuts, allò que ja s’havia advertit des de fa temps: el model espanyol no està resolent bé el problema de l’abús de la temporalitat en l’ocupació pública.
El que hi ha no serveix: no s’han adoptat mesures eficaces, proporcionades i dissuasives per a previndre l’abús de la temporalitat en els empleats públics a Espanya. No s’ha compensat correctament les víctimes de l’abús, ni existeixen mesures clares i eficaces per a dissuadir i sancionar l’Administració quan comet estos abusos als treballadors. La figura de l’“indefinit no fix” continua deixant el treballador temporal en una situació precària, on persistix l’abús de la temporalitat.
En poques paraules, Europa considera que Espanya no ha donat una solució vàlida a este problema.
I ara què passa? En estos moments estem en una fase de transició.
La solució que permeta conjugar el dret i la jurisdicció nacional amb el dret i la jurisdicció europea no serà immediata ni senzilla.
D’una banda, els tribunals espanyols, especialment el Tribunal Suprem, hauran d’interpretar la normativa actual tenint en compte esta sentència i començar a buscar solucions més eficaces en els casos concrets que permeten complir el dret de la UE en matèria de protecció dels treballadors respecte a l’estabilitat en l’ocupació. Però, al mateix temps, el problema és de fons i afecta tot el sistema, per la qual cosa també serà necessari que el legislador reforme la llei per a adaptar-la al que exigix Europa.
Esta sentència del TJUE podria canviar els criteris respecte a qui pot beneficiar-se de les indemnitzacions per cessament, després d’haver patit un abús de la temporalitat, i de les quantitats a percebre. També podria canviar el sentit de les sentències en denúncies per abús de la temporalitat en casos concrets i les sancions que s’imposen a les administracions i als gestors que incórreguen en estes pràctiques il·legals.
El problema està damunt la taula, però encara falta veure com s’aplicarà en la pràctica, tant pels tribunals com pel mateix legislador.
Per això, des de SIMAP vos fem una recomanació prudent i clara: convé esperar a veure com evoluciona la situació abans d’embarcar-se en noves accions legals, ja que l’escenari pot canviar en els pròxims mesos.
Vos anirem informant de les novetats.