Desde SIMAP hemos remitido un escrito a la Dirección General de Personal de la Conselleria de Sanitat en el que denunciamos la falta de previsión y exigimos la implantación urgente de protocolos de actuación ante emergencias meteorológicas graves que garanticen la seguridad del personal sanitario y la atención a la ciudadanía.

Las emergencias climáticas generan riesgos laborales graves: desplazamientos inseguros, falta de relevo en los turnos, estrés, sobrecarga y dificultades para conciliar. Además, la falta de previsión afecta directamente al derecho de la ciudadanía a recibir atención sanitaria en condiciones seguras y organizadas.

Los recientes episodios de alertas rojas por lluvias e inundaciones, como el del pasado 29 de septiembre de 2025, han vuelto a poner de manifiesto la improvisación y descoordinación con las que la Administración afronta estas situaciones. La instrucción emitida entonces trasladaba la responsabilidad a los propios trabajadores, sin planificación preventiva ni medidas organizativas claras.

Estamos a las puertas de una nueva DANA y no se ha avanzado en la planificación ni en la protección del personal sanitario, a pesar de las experiencias de los últimos años.

En nuestro escrito, desde SIMAP solicitamos:

• Protocolos de actuación específicos para el ámbito sanitario en caso de alertas amarilla, naranja o roja.
• Medidas preventivas y de organización claras para garantizar la seguridad del personal y de los pacientes.
• Activación del teletrabajo y consultas telefónicas como modalidad prioritaria durante las emergencias con la dotación de los medios informáticos necesarios.
• La limitación de la atención presencial al mínimo imprescindible
• Protección de los derechos laborales y de conciliación, especialmente cuando se cierran colegios o centros asistenciales.
• Reclamar una mesa de negociación urgente con la Conselleria para acordar medidas concretas.
• Un protocolo complementario de normalización asistencial, que garantice la recuperación de consultas y cirugías suspendidas mediante refuerzos voluntarios y retribuidos, evitando sobrecargar a las plantillas.

La prevención y la planificación no pueden depender de la suerte ni de la voluntad individual, sino de una organización responsable, preparada y respetuosa con sus profesionales.

La ausencia de protocolos también vulnera derechos fundamentales

La falta de procedimientos claros ante riesgos previsibles no es solo un problema organizativo: supone una vulneración del derecho a la salud y a la integridad física del personal sanitario, reconocido en los artículos 15 y 40.2 de la Constitución Española y en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

Cuando la Administración no adopta medidas de prevención frente a un riesgo grave o inminente, incumple su obligación legal de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, lo que puede dar lugar a:

• Sanciones administrativas por infracciones graves o muy graves por no adoptar medidas de prevención ante riesgos conocidos o previsibles.
• Responsabilidad patrimonial e indemnizaciones, si se producen daños físicos, psicológicos o morales derivados de la falta de protección.
• Demandas ante la jurisdicción social por vulneración del derecho fundamental a la integridad física y moral, o por incumplimiento del deber de seguridad en el trabajo.

En definitiva, la ausencia de protocolos puede constituir una infracción legal y una vulneración de derechos fundamentales, por lo que su adopción inmediata no es solo una cuestión de buena gestión, sino una obligación jurídica ineludible.

Si la Conselleria no responde de forma inmediata y efectiva, SIMAP emprenderá las acciones necesarias para garantizar la protección de los trabajadores, incluyendo:

1. Denuncia formal ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del deber de protección frente a riesgos graves e inminentes.
2. Acciones judiciales ante la jurisdicción social, por vulneración del derecho a la salud laboral y la integridad física.
3. Solicitudes de actuaciones cautelares o medidas urgentes, cuando se prevean episodios meteorológicos de riesgo extremo y la Administración no haya adoptado las medidas preventivas necesarias.
4. Reclamaciones indemnizatorias o de responsabilidad patrimonial, si se acreditan daños o perjuicios derivados de la falta de medidas preventivas.

Compromiso firme de SIMAP

Desde SIMAP reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la salud laboral de los profesionales sanitarios y con el derecho de la ciudadanía a una asistencia segura y de calidad.

No aceptaremos que la Administración siga actuando desde la improvisación, ni que se traslade al personal la responsabilidad de asumir riesgos que son perfectamente previsibles.

La prevención no se improvisa, y la seguridad en el trabajo es un derecho, no una concesión.