Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante la propuesta de creación de una nueva categoría estatutaria de Psicólogo General Sanitario (PGS) en el sistema público de salud de la Comunidad Valenciana, en el marco de la tramitación de la Ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat.

Consideramos que esta iniciativa constituye una alteración sustancial en el modelo de atención psicológica pública, al pretender incorporar profesionales cuya formación no contempla una capacitación clínica especializada en servicios sanitarios públicos. De materializarse esta medida, se habilitaría el acceso de personas con el título de máster en Psicología General Sanitaria a través de una figura estatutaria, sin que se hayan definido de forma previa sus funciones y, por tanto, la necesidad asistencial a cubrir, lo que supone inevitablemente que se les asignarán las propias de los Especialistas en Psicología Clínica, incluidas en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) para esta especialidad (recogida en diferentes normativas), como la “evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales, emocionales y del comportamiento, así como actividades de promoción de la salud mental y prevención de la enfermedad mental”.

Nos preocupa especialmente el impacto que esta propuesta tendría en la calidad y la seguridad de la atención psicológica, ya que el ejercicio profesional en el SNS exige una formación práctica, supervisada y con progresiva asunción de responsabilidades y autonomía que permita el abordaje clínico de cualquier situación con las máximas garantías. En este sentido, la vía de formación mediante el sistema de residencia (PIR) constituye el único itinerario que asegura una integración plena y estructurada en el sistema asistencial, mediante una residencia de cuatro años en unidades docentes multiprofesionales acreditadas.

Entendemos que incorporar “categorías profesionales paralelas” sin dicha formación supondría una alteración encubierta del ejercicio clínico, desdibujando la atención especializada y comprometiendo el funcionamiento de los equipos asistenciales. La incorporación de esta medida puede suponer un precedente devaluador, no sólo de la Especialidad en Psicología Clínica, sino también de cualquier otra especialidad recogida en las bases de la Formación Sanitaria Especializada (FSE), lo que abriría la puerta a que profesionales no especialistas en el ámbito de la medicina ejercieran funciones propias de facultativos especialistas.

Lejos de fortalecer la red pública de salud mental, esta propuesta fragmenta la atención, precariza la práctica profesional y debilita el modelo clínico-comunitario que actualmente constituye el marco de referencia para la intervención psicológica en el SNS. La atención psicológica especializada en el ámbito sanitario requiere una formación específica que garantice intervenciones seguras, eficaces y ajustadas a la complejidad de los casos. Por ello, es fundamental que las funciones propias de la Psicología Clínica sean desempeñadas por profesionales con la formación PIR, ya que asegura la capacitación para realizar diagnósticos precisos, aplicar tratamientos basados en la evidencia, manejar adecuadamente situaciones de crisis, valorar el riesgo existente en cada caso particular y realizar derivaciones ajustadas. Asignar estas funciones a profesionales sin esta especialización, aun contando con una sólida formación general, podría comprometer la calidad y seguridad asistencial.

Reafirmamos nuestro compromiso con un sistema sanitario público basado en la excelencia formativa, la responsabilidad profesional y la atención centrada en la ciudadanía. Reclamamos un refuerzo estructural de los recursos en salud mental que incluya el aumento de plazas PIR, la mejora de las condiciones laborales de los profesionales y una planificación coherente, sostenible y orientada a la calidad asistencial, que atraiga a especialistas de otras comunidades o del sector privado.

Es responsabilidad de la Administración Sanitaria Pública organizar las medidas necesarias para paliar las deficiencias que existen actualmente en el campo de la atención en la salud mental de la ciudadanía, pero esto debe hacerlo, sin vulnerar el importante compendio normativo estatal existente que garantiza la especialización en Psicología Clínica y sin desperdiciar los cuantiosos recursos públicos empleados para conseguir la especialización. La solución no puede ser aquella que comprometa la calidad de la asistencia prestada por los profesionales sanitarios en la atención a la salud metal integral que prestan los servicios sanitarios públicos. La salud mental requiere soluciones estructurales y responsables basadas en la evidencia y en profesionales con formación sanitaria especializada.

Por todo ello, instamos a los grupos parlamentarios y a las autoridades sanitarias a desistir de favorecer la creación de esta categoría estatutaria y a preservar la vía PIR como el único acceso adecuado, profesionalmente regulado y asistencialmente seguro al Sistema Nacional de Salud.

Firmado por:
• Sociedad Valenciana de Psicología Clínica (SVPC – AVAPIR)
• Sindicato de facultativos y profesionales de sanidad pública de la Comunidad Valenciana (SIMAP)
• Asociación Española de Neuropsiquiatría País Valencià – Profesionales de Salud Mental (AEN-PV)
• Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología (AEPCP)