NO SE ENTERAN Y ENCIMA SE AUTOINCULPAN
Dr. Juan Benedito Alberola
Presidente del SIMAP (Sindicato de Médicos de Asistencia Pública)
Publicado en El Mundo el 27 de junio de 2007
La Conselleria de Sanitat valenciana tiene atribuida la vigilancia del buen funcionamiento de la sanidad, tanto en su vertiente pública como privada, en cumplimiento de su deber de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos de protección de la integridad física y de protección de la salud (artículos 15 y 43 de la Constitución de Española). Los Colegios Oficiales de Médicos argumentan como fundamento de su existencia que ellos deberían ser el instrumento utilizado por la Conselleria para garantizar la correcta asistencia médica, llevando el registro de los médicos mediante leyes que garanticen la obligatoriedad de adscripción a los citados organismos (ya que por el mecanismo de mercado de la oferta y la demanda su fracaso es total), tanto de los facultativos que trabajan para la sanidad pública como para la sanidad privada.
Ambas aseveraciones han caído por su propio peso en dos lamentables sucesos recientes. En el llamado caso Maeso (los hechos juzgados sucedieron entre 1988 y 1997), la alarma sólo saltó nueve años después de iniciarse los hechos y por un mecanismo colateral. En el llamado caso Alcalde de La Vila Joiosa (estuvo ejerciendo como médico hasta 1999), también ocho años después y también por intereses colaterales (aunque afortunadamente en este segundo caso no ha habido que lamentar daños irreversibles contra personas).
La sentencia del caso Maeso es demoledora atribuyendo el deber de vigilancia en exclusiva a la Conselleria. Las compañías de asistencia sanitaria han quedado exculpadas. El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Valencia dice que sólo abrirá expediente sancionador al protagonista del caso Maeso cuando la sentencia sea firme. La Conselleria, catatónica por su convencimiento moral de ser culpable, no dice nada de cómo repercutir a los verdaderos responsables las justas indemnizaciones a los afectados y no se plantea cómo recuperar el dinero del contribuyente. En el caso del alcalde que se hacía pasar por médico, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Alicante dice públicamente ahora que no puede hacer nada, pues el delito ha prescrito.
En definitiva, no sólo no se han enterado durante nueve años, sino que se autoinculpan de la falta del deber de vigilancia. Juegan con la salud del ciudadano. Pues no le informan de cómo ejercen sus deberes constitucionales de protección de la salud y de la integridad física.
Queda otro caso de inhibición por comentar. En el hospital de la Vega Baja de Orihuela se suceden los incendios y no hay responsabilidad alguna. En septiembre de 2004 tuvo como consecuencia dos muertes de pacientes ingresados. Afortunadamente en junio de 2007 sólo se refiere la inutilización de la Unidad de Cuidados Intensivos, sin que el traslado de los enfermos haya ocasionado daños a los mismos.
Desde el SIMAP pensamos que, alternativamente a las campañas de autopromoción publicitaria de elevado costo, se deberían reforzar los mecanismos de control que protegen al ciudadano del incorrecto funcionamiento de las instituciones sanitarias. También pensamos que organismos colegiales, que nunca actúan de oficio y que cuando se les requiere por denuncia dilatan hasta lo inverosímil la respuesta, no deben tener delegación de funciones administrativas ningunas, y por supuesto no deben ser de adscripción obligatoria.
