3 de Febrero de 2017
*El modelo alzira no ha recibido supervisión ni auditorías
integrales en 15 años, por lo que sus datos no ofrecen garantías.
*Simap cuestiona los datos del informe provisional del sindic de comptes que
se ha filtrado, a falta de que recoja las alegaciones de la conselleria.
*Las concesiones son una “deslocalización funcional de la sanidad
pública”
*Las instituciones de la generalitat ya muestran la
desconfianza en los datos del modelo, así como sobrecostes e irregularidades
en la gestión.Estimados amigos: se publicó hace unos
días una información sobre un informe provisional de la Sindicatura de
Comptes de auditoría operativa del departamento de Manises que indicaba que
el modelo de gestión privada era menos costoso que el sistema de gestión
directa. Podéis consulta la noticia en el siguiente enlace
http://valenciaplaza.com/sindicatura-sanidad Desde el SIMAP
elaboramos una nota de prensa que tuvo su repercusión en medios escritos y
radiofónicos, expresando nuestra posición ante los datos desvelados del
informe y en general sobre el modelo Alzira. Ya anteriormente habíamos
publicado unos datos extraídos de fuentes de la Conselleria de Sanitat que,
al comparar partidas semejantes y confrontables, demostraban que el modelo
de concesión no era más barato, desmintiendo uno de los dos mantras del
modelo defendido, entre otros, por Ribera Salud.
El otro lema repetido
es que a los ciudadanos no les importa quién preste el servicio, sino que lo
preste bien. Nosotros también negamos esa aseveración: a los ciudadanos les
importa poder acceder a una buena asistencia, pero también que quienes
gestionen su dinero lo hagan con transparencia, de forma eficiente con
rendición de cuentas, y les cueste aceptar que el cuidado de su salud
alimente los beneficios de accionistas norteamericanos, por poner un
ejemplo.
Por otro lado, estamos ante un aluvión de noticias que, si
se confirma tamaña suma de irregularidades, muestra que lo que ofrece el
modelo de Ribera Salud es otra cosa que lo que predica:
Sanidad detecta 2,6 millones de sobrecostes en la facturación de las
Urgencias de Alzira
Los sobrecostes en la facturación de urgencias se extienden a todas las
concesiones sanitarias
Puig: «Las concesiones no se fiscalizaban»
Sanidad llevará a la Abogacía los sobrecostes en Urgencias de las
concesiones
Dos informes demoledores denuncian sobrecostes e irregularidades en el
Hospital de Dénia desde 2009
Marina Salud está en quiebra y los alcaldes deben reclamar una solución
La Generalitat será acusación en la causa de las comisiones (Ribera Salud,
B2B)
La Intervención detecta total falta de control en el Hospital de Dénia y una
posible "estafa"
Viceintervención dice que el Hospital de Dénia debe 107 millones a Sanidad
A continuación, os aportamos nuestro análisis, considerando los datos
del borrador del Sindic de Comptes como punto de partida para una
consideración global del modelo Alzira.
El defecto básico que subyace
en el borrador del informe de la Sindicatura de Comptes, filtrado a la
prensa, es haber realizado un análisis entre dos modelos sustancialmente
diferentes, los de gestión pública directa y los de concesión
administrativa, llamados modelo Alzira. Sólo se podrían confrontar partidas
idénticas como se realiza el estudio SIMAP de sobrecostes del modelo Alzira.
Existen grandes diferencias entre ambos modelos, que hacen que la
comparación no sea posible: diferencias de peso en la masa salarial;
diferente régimen laboral y retributivo; diferente régimen jurídico para la
contratación y adquisición de bienes y servicios; diferente oferta de
servicios básicos.
Podemos enumerar algunos ejemplos de estas
diferencias: en el modelo Alzira existe un menor número de camas (20%),
infrautilización de los centros de crónicos públicos, una hipertrofia de
especialidades en hospitales comarcales (34% mayor) en ocasiones sin
plantilla ni infraestructura por lo que han sido desautorizadas y
suspendidas por la autoridad pública por deficientes.
Existe una
desigualdad en el acceso y los tiempos de demora en especializada: frente a
la rapidez de la atención especializada al paciente fuera de la cápita
observamos que se obstaculiza si la solicita un médico desde los centros de
salud del departamento privatizado.
Existe un número significativo menor
de trabajadores (21%), con un salario inferior entre un 15-20%, compensado
con incentivos si no se prevé pérdidas.
Se subcontratan empresas y
externalizaciones sin conocimiento ni autorización de la Conselleria, se
venden acciones sin autorización de la Conselleria a empresas desde Estados
Unidos, sin conocimiento de la situación social y sanitaria de las comarcas
valencianas.
Las actuaciones del modelo Alzira van encaminadas de
forma prioritaria a reducir costes y aumentar beneficios empresariales y no
para ganar en eficiencia, entendida desde el punto de vista de la prestación
adecuada de asistencia sanitaria a la población encomendada.
Se
podría expresar que las concesiones son una “deslocalización funcional de la
sanidad pública”, ya que siguen las mismas premisas de una empresa que
decide trasladar su producción a otro país donde pueda aplicar a sus
trabajadores unas condiciones laborales más ventajosas para el incremento de
sus beneficios. Porque toda actuación que realicen, lícita o no, va a ir
encaminada a aumentar sus beneficios que serán para sus accionistas y no se
invertirán para mejorar la asistencia de los ciudadanos.
Desde el
SIMAP insistimos en que no pueden encontrarse evidencias con rigor
científico-técnico que permitan identificar las ventajas e inconvenientes de
las diferentes formas de gestión. Por este motivo, nuestro estudio económico
de sobrecostes del modelo Alzira que demostraba ventajas a favor de la
gestión directa se realizó en partidas circunscritas y comparables.
Sí que son adecuadas, ya que no incide en comparaciones entre los modelos de
gestión, las conclusiones del informe del Sindic de Comptes sobre la falta
de control y transparencia que han tenido las concesiones por parte de la
administración pública en todos estos años, que, a nuestro entender, se ha
comportado como el cómplice necesario para garantizar estos beneficios
apoyando a las concesiones, a la vez que desmontando a los departamentos
limítrofes de gestión pública, y los temas por los que están siendo
investigados.
El SIMAP es consciente, por el estudio en profundidad
del modelo Alzira a lo largo de los años, que este modelo no puede funcionar
por su propia genética, al depender sus beneficios de una cápita fija. Se
pervierte el sistema, se tiende a no hacer gasto en lo que cubriría la
cápita y a buscar fuentes de financiación fuera de la misma. Las cuentas no
salen en los departamentos con menor población, salvo que se adopte una
situación de monopolio que consiga una carga poblacional suficiente y
optimice los recursos, que es lo que ha buscado Ribera salud con la compra
accionarial realizada en 2015, con la creación de la empresa B2B, y con
otras tácticas que está llevando a cabo desde que funciona como un
“monopolio”.
Pero el problema de cómo consigan estas empresas un
rendimiento económico, no debe convertirse en un problema para la población,
para las arcas públicas y para los trabajadores de las concesiones.
Nosotros
no queremos empresas “deslocalizadas funcionales” que hagan negocio con
nuestra sanidad pública y que obtengan beneficios a expensas del menoscabo
de sus trabajadores, sin garantías para la salud de la ciudadanía que tienen
encomendada y con una gestión de los recursos públicos basada en fórmulas
que escapan a su control efectivo de las autoridades y de las que vamos
teniendo noticias graves de presuntas irregularidades que están en vía de
investigación judicial, caso de B2b.
Por lo tanto, a los que
proclaman que la reversión de las concesiones administrativas es una
decisión política y no económica, tal y como vienen insistiendo aquellos que
defienden el modelo Alzira, les decimos que tienen razón. Es una decisión
política, pero con mayúsculas y en el mejor de los sentidos de este término,
porque lo que busca es el interés general de todos los ciudadanos y acabar
con un sistema que no aporta valor a nuestra sanidad pública.
El
camino de la reversión ha comenzado por su paradigma, el departamento de la
Ribera, y no tiene vuelta atrás. No pueden admitirlo porque supone la caída
de todo el imperio y el monopolio del modelo Alzira. Pero deberán asumirlo,
es un derecho de los ciudadanos y un deber de la administración.
