Dr. Juan Benedito Alberola
Presidente del SIMAP
(Sindicato de Médicos de Asistencia Pública)
Publicado en EL
MUNDO-VALENCIA el 14 de agosto de 2011
La crisis económica actual ha sido la excusa para volver a sacar el tema de
si la Sanidad (fundamentalmente la asistencia sanitaria y la prestación
farmacéutica) y la Educación han de ser de competencia estatal o si por el
contrario han de continuar siendo de competencia autonómica.
Dejando de un lado la polémica política que surge cuando nuestra
Constitución Española de 1978 consagra un estado autonómico en detrimento de
un estado centralista, circunstancia que periódicamente es puesta en la
picota por algunos sectores políticos francamente reticentes a una
descentralización de tipo autonómico, la polémica se centra en si es viable
una gestión económica de las materias transferidas sanitarias y educativas.
Conocimos la gestión del Seguro Obligatorio de Enfermedad (S.O.E.) y su
Instituto Nacional de Previsión (I.N.P.) Fueron los tiempos en los que el
Dr. Vicente Peris Carpena desde los áticos de la Casa del Xavo, situada en
la Avda. Marqués de Sotelo, junto a un pequeño grupo de personal
administrativo dirigían la asistencia sanitaria de la provincia de Valencia.
Posteriormente conocimos los tiempos en que esta asistencia sanitaria fue
dirigida por el Sr. Rafael García de la Riva a través del Instituto Nacional
de la Salud (INSALUD) desde el edificio situado en la Gran Vía Fernando el
Católico. Finalmente surgen los tiempos de la Conselleria de Sanidad
dirigida por el profesor Joaquín Colomer y las transferencias en Sanidad a
la autonomía valenciana en el año 1988, basadas en los principios de la Ley
General de Sanidad de 1986. No cabe duda de que en la actualidad la
asistencia sanitaria a los valencianos es esencialmente mucho mejor que la
de épocas pretéritas.
Devolver las transferencias desde la Conselleria de Sanidad al Ministerio de
Sanidad en materia de asistencia sanitaria, y de las prestaciones
farmacológicas que ello conlleva, no puede ser defendible si pensamos en una
vuelta al INSALUD o al periclitado I.N.P.
La asistencia sanitaria con la calidad actual y con los principios de un
Sistema Nacional de Salud debe de continuar siendo una competencia
autonómica. Enumeramos a continuación unas consideraciones que avalen esta
tesis. La primera de ellas es la ya típica y tópica, pero real, de que el
diseño de la gestión es mucho mejor cuanto más cercano al ciudadano sea el
centro de la toma de decisiones. Como ejemplo podemos decir que para
instaurar una atención urgente a la patología coronaria de los pacientes
valencianos es mucho mejor que el diseño se efectúe desde Valencia que no se
tenga que esperar la firma de un alto funcionario del Ministerio en Madrid.
La segunda de ellas resulta que la eficacia y la eficiencia de la gestión de
la asistencia sanitaria puede ser realizada mucho mejor para un colectivo de
ciudadanos de alrededor de los cinco millones dentro de un territorio más
reducido de unos doscientos cincuenta kilómetros, que casi resulta un
espacio territorial y humano ideal para la gestión.
La actual casi bancarrota de la asistencia sanitaria valenciana no puede ser
motivo de argumento de devolución de las transferencias. El motivo radica en
que si hay un déficit económico muy grande es por una gestión no adecuada,
sin que podamos admitir la tesis de que la culpa de todo es que el Estado no
aporta lo suficiente ni subvenciona la gestión defectuosa.
Aportemos algunos datos del citado déficit y alguna propuesta positiva sobre
cómo evitarlo. Un dato es la evidente hipertrofia del aparato burocrático de
la Conselleria de Sanidad. Salvando las distancias de que no es lo mismo
atender a un porcentaje reducido de la población socioeconómicamente de las
clases más desfavorecidas que proporcionar los servicios de un Sistema
Nacional de Salud con su universalidad, accesibilidad y equidad, podemos
decir que las decenas de funcionarios del I.N.P. a los miles de funcionarios
de la Conselleria el desfase no admite justificación. Esta hipertrofia de
los Servicios Centrales se sigue de la hipertrofia de las Direcciones
Territoriales de Alicante, Valencia y Castellón y se continúa con la
proliferación de cargos directivos en la Asistencia Especializada y en la
Asistencia Primaria. Ninguna empresa privada podría soportar tal carga
burocrática gestora.
Otro dato es la insostenibilidad del diseño de la prestación farmacéutica.
No queremos remontarnos a tiempos tan antiguos como los del Petitorio de
farmacia del Seguro Obligatorio de Enfermedad, pero un diseño de prestación
farmacéutica como el vigente que arranca consolidado desde el primer
gobierno socialista del Sr. González no es útil. Los ciudadanos deben saber
que con sus impuestos deben recibir unas prestaciones, pero estas
prestaciones no pueden ser ilimitadas. En estos momentos la prestación
farmacéutica representa un gasto del 30% sobre el 40% del presupuesto de la
Generalitat Valenciana. Como hablamos porcentualmente quizá no asumamos la
cantidad de dinero que esto representa. En la actualidad ya existe copago
farmacéutico, en el Régimen General de la Seguridad Social (RGSS) el
ciudadano paga el 40% y en el Régimen de Clases Pasivas el 30%, pero
mientras en el RGSS al pasar a pensionista la gratuidad es absoluta en el
otro régimen citado el ciudadano continúa abonando el 30%. Surgen algunas
preguntas: ¿Los pensionistas de clases pasivas tienen peor asistencia
sanitaria por ello? ¿El gasto farmacológico de un pensionista de clases
pasivas es similar al gasto farmacológico de un pensionista del régimen de
la Seguridad Social? ¿En países como Alemania, Francia o Italia el Estado
asume la totalidad del pago farmacológico de gran parte de sus pensionistas?
¿Un ciudadano europeo tiene la misma cobertura farmacológica a cargo del
Estado que un ciudadano español?.
Un tercer dato es el catálogo de prestaciones sanitarias de la Seguridad
Social. Posiblemente debamos mantener las mismas, pero hemos de saber que
son claramente superiores a las de los países de la Unión Europea y no
digamos a las de los ciudadanos de países extracomunitarios. Los ciudadanos
extranjeros que nos llegan se muestran muy sorprendidos con la excelencia de
las prestaciones sanitarias asistenciales y farmacológicas que proporciona
nuestro Sistema Nacional de Salud, reconociendo que están a mucha distancia
de las que obtienen en sus países de origen.
Como conclusión por concepción política y por viabilidad de gestión
socioeconómica hemos de conservar las transferencias en materia de sanidad
que nos ha posibilitado el Estado de las Autonomías diseñado por la
Constitución Española, pero hagámoslo con una buena gestión. Y únicamente
dado que sólo hay un factor incontrolable que es el de la factura
farmacéutica devolvamos al Ministerio de Sanidad la gestión del gasto
farmacéutico (lo cual daría alguna razón de ser a este Ministerio, que en la
actualidad prácticamente sólo gestiona la formación de médicos
especialistas) y que a nivel estatal se efectúe un pacto de estado que haga
sostenible dicho gasto.
La crítica de que los ciudadanos españoles pueden tener alguna diferencia en
la asistencia sanitaria según la Comunidad Autónoma en la que residan es
fácilmente subsanable con la promulgación de las normativas básicas
estatales adecuadas. No es cierto que existan 17 Sistemas Nacionales de
Salud diferentes, existe un único Sistema de Salud que puede y debe ser
armonizado con la normativa adecuada básica.
