LOS MÉDICOS PREFIEREN LA SANIDAD PÚBLICA
Dr. D. Juan Benedito Alberola
Presidente del SIMAP (Sindicato de
Médicos de Asistencia Pública)
En octubre del presente año 2006
está prevista la puesta en marcha de la Asistencia Integral (Atención Primaria
más Atención Especializada) del Departamento de Salud
22 de la Conselleria de Sanitat mediante el sistema de Concesión
Administrativa previsto en la Ley 13/95 y posibilitado por la Ley 15/97 sobre
habilitación de nuevas formas de gestión del SNS. La concesionaria es la empresa
Torrevieja Salud-UTE compuesta por Bancaja y CAM (la aportación pública que
garantiza a la empresa), por ASISA (la gran aseguradora privada que entra en el
sistema público) y por Centro Médico Salus Baleares y por las constructoras
Acciona y Enrique Ortiz e
hijos S.A. Se reproduce en esta segunda Concesión Administrativa el modelo de
enero de 1999 de la primera (Ribera Salud II-UTE compuesta por Bancaja y CAM,
ADESLAS y las constructoras Dragados y Lubasa).
Dejando aparte el debate político de
cómo se debe de gestionar la Sanidad Pública, desde el SIMAP (Sindicato de
Médicos de Asistencia Pública) opinamos que, con respecto al personal médico que
se va a contratar por parte de estas empresas privadas, se vuelven a reproducir
las mismas contradicciones que surgieron en enero de 1999. No vamos a tratar
aquí el debate Medicina Liberal versus Medicina Socializada, pues, el médico, en
este caso, es un trabajador asalariado cambiando únicamente si su empresario va
a ser la Administración Pública o una empresa privada.
En la reciente Oferta Publica de Empleo Extraordinaria de 2001 acabada de
resolver las plazas que han quedado vacantes, por no haber sido solicitadas por
los opositores, han sido
precisamente las del Departamento de Salud 22. Ni dependiendo sólo
funcionalmente, pues orgánicamente son trabajadores de la Conselleria de Sanitat,
estas plazas han sido consideradas atractivas.
El personal médico que se contrate
laboralmente, funcional y orgánicamente trabajador de la empresa privada,
tendrá unas condiciones laborales peores, entre ellas la de tener un
despido prácticamente libre mínimamente compensado por una indemnización.
De ello, se deducen unas
conclusiones demoledoras:
a)
Los médicos de la Sanidad Pública prefieren trabajar para la Conselleria
de Sanitat antes que para una empresa privada.
b)
Las ofertas públicas de empleo en Sanidad están intencionadamente
congeladas para que exista un mercado de médicos que pueda ser utilizado para la
creación de nuevos hospitales y centros de salud, así como para el mantenimiento
de los mismos.
c)
Se dificulta mediante mecanismos sofisticados que una vez se entra a
trabajar en estas UTE se puedan salir de ellas. No hay traslados. No se reconoce
el tiempo trabajado a efecto de trienios si se puede pasar a la gestión directa.
No se reconoce tampoco este tiempo en los baremos de las OPE.
En fin pioneros, como siempre, en
España de un sistema que sólo se mantiene por la sobreprotección que la
Administración Pública le proporciona (el principal factor no controlable de la
asistencia sanitaria que es el gasto farmacéutico no lo asume la empresa privada
sino la Conselleria de Sanitat, entre otros). El ciudadano
debe saber lo que se hace con sus impuestos y también debe saber que
existen opiniones favorables (campaña de publirreportajes prácticamente diarias
en los medios de difusión), desfavorables (como las expresadas en este artículo
por el SIMAP) y silencios que hacen hablar a las piedras.
