Publicado en Levante EMV el día 28-01-12
Esto debería ser tan solo un buen deseo o una cortesía, pero cuando la expresión
procede de una profesional de la sanidad pública valenciana al sentarse a la
mesa familiar, hemos de empezar a preocuparnos. No se trata de ficción, así se
sentaba abrumada e impotente una de nuestras compañeras a la comida del domingo.
La salud de los/as valencianos/as está en riesgo. Se les ocultan medidas que ya
se han puesto en marcha y van mucho más allá de una simple reducción de sueldos
de sus profesionales. Bajo el epígrafe de “medidas para mejorar la eficiencia
sanitaria” se esconden recortes destinados a desmantelar una sanidad pública de
calidad, situada “hasta ahora” en los primeros puestos en el ranking europeo, a
pesar de estar en la cola en cuanto a la inversión, respecto al producto
interior bruto.
Las medidas han empezado a aplicarse: la reducción del número de profesionales
incrementará la saturación de las consultas en atención primaria y especializada
y aumentará la demora y las listas de espera. La falta de médicos en las
ambulancias SAMU (Servicio de Atención Médica Urgente), obliga a cubrir huecos
con médicos de los centros de salud. El mezquino ahorro en dietas de las
personas hospitalizadas, es un daño gratuito. El efecto de otras medidas, como
la elección de tratamientos buscando los más baratos o la reducción en el
material de curas, en material quirúrgico, en el número de prótesis, está
todavía por concretar. Pero pueden costar vidas.
La situación empeora ostensiblemente para las personas con trastorno mental
grave, que hace años ya fueron en buena medida excluidas del sistema sanitario
público, asignando a Bienestar Social una parte importante de su asistencia
sanitaria. Han sido y son segregadas, marginadas en recintos cerrados destinados
a la contención y no a la recuperación y en manos de empresas privadas con ánimo
de lucro que sólo algunas familias pueden costear. Uno de los escasos centros
residenciales que entendíamos público, por pertenecer a la Diputación de
Valencia, anuncia que a partir de ahora cobrará a sus residentes. Además,
algunos servicios de corte más integrador y enfocados a la recuperación
proporcionados por asociaciones de familiares, como la atención domiciliaria,
los servicios de apoyo familiar o de integración socio laboral, están próximos a
desaparecer, ya que en 2011 se ha dejado de abonar el 100% de las subvenciones
de la Conselleria de Bienestar Social y el 60% de las que correspondían a
Sanidad.
La sanidad pública está en peligro, los recortes y el desvío sistemático de
nuestros impuestos a negocios privados lleva años produciéndose. Es el modo de
enriquecer a unos pocos en detrimento de la calidad de la atención sanitaria y
de la salud de la población. Hasta hace poco se hacía despacio y con gran
despliegue de medios propagandísticos al servicio de estos modelos privados,
pero ahora, aprovechando esta crisis, que es más grave en nuestra comunidad por
la especulación, los grandes fastos, el desvío a “amiguitos”, los sobrecostes y
corruptelas de nuestros gobernantes, la velocidad del desmantelamiento de la
sanidad pública por desahucio se ha incrementado exponencialmente.
Los recortes van a cebarse con las personas más desfavorecidas, con menos
recursos, ancianas o con patologías graves y crónicas, pero todos estamos
concernidos, porque a todos nos afecta. La responsabilidad del daño que estas
medidas produzcan sobre la ciudadanía recaerá, en primer lugar sobre nuestros
gobernantes, pero en parte también sobre los profesionales y el resto de la
población, si con nuestra pasividad lo consentimos. Tenemos derecho a responder
como ciudadanos acudiendo a las movilizaciones en defensa del servicio público.
Tenemos el deber cívico de decir que ¡con nuestra salud, ni se juega, ni se hace
negocio!
Ana Sánchez Guerrero
Delegada sindical del SIMAP (Sindicato de Médicos de Asistencia Pública) y
Presidenta de la AENPV (Asociación Española de Neuropsiquiatría Profesionales de
Salud Mental de la Comunidad Valenciana)
