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EL MODELO DEL HOSPITAL DE LA RIBERADr. Juan Benedito AlberolaPresidente del SIMAP (Sindicato de Médicos de Asistencia Pública)
Publicado en Levante Mercantil de La Ribera el 20 de diciembre de 2008
El modelo de concesión administrativa ha supuesto tras diez años de experiencia en la comarca de la Ribera numerosas innovaciones perjudiciales para la Hacienda Pública. Y no es cierto que a los ciudadanos no les interese quién gestiona el dinero público. A muchos ciudadanos, y desde luego al SIMAP (Sindicato de Médicos de Asistencia Pública), sí que les interesa, pues este tema es uno de los pilares de las democracias.
Se ha roto el principio de que la Sanidad Pública no genera beneficios, debido a que debe atender las necesidades de salud de toda la población en condiciones de universalidad, equidad facilidad de acceso. Si hubiera supuestos beneficios (el que lo consiguiera, respetando las citadas condiciones, merecería un premio Novel de Economía), deberían repercutir en la mejora del propio sistema.
Se ha dejado entrar el capital en el mercado de la Sanidad Pública, queriendo mantener la estructura de un SNS. Y se le ha dejado entrar con unas condiciones privilegiadas que rompen los principios esenciales de Economía de Mercado. No se respeta el principio de la libre competencia ni el de la oferta y la demanda. Los clientes son fijos y obligatorios (todos los ciudadanos del departamento deben acudir al hospital designado). No hay competencia (sólo existe un hospital público al que acudir). No hay impagados (el erario público siempre paga, y a las concesiones, sin demora). Los gastos de imposible gestión que representan el 40% del presupuesto los paga directamente el erario público (la factura farmacéutica, el dispositivo SAMU, la oxigenoterapia, la ortopedia y el transporte sanitario no son asumidos por la concesión). Se trata siempre de hospitales de referencia que suplen sus insuficiencias. Incluso se llega a seleccionar procesos, primando los de poco coste y poca duración.
La supuesta flexibilidad de la gestión significa únicamente no someterse a las reglas fijas de control del dinero público. Las dimensiones de las plantillas de médicos de estos hospitales son inferiores a las de los hospitales públicos. Se produce una sobrecarga asistencial con altos índices de estrés y burn-out de los profesionales con una alta tasa de abandono del puesto de trabajo. Las condiciones laborales son peores que en los centros de gestión pública directa (más horas de trabajo y menor retribución). Se utilizan técnicas empresariales no vistas hasta ahora por los médicos de los hospitales públicos (el despido es libre y las jefaturas funcionan como verdaderos capataces).
Y encima, como se trata de empresas de seguros las que obtienen las concesiones administrativas, todas se han hecho un reaseguro. Cada empresa de seguros ha cogido sólo un Departamento. La composición accionarial supone que la empresa de seguros participa en el 51% (con lo cual tiene garantizada la toma de decisiones) y el dinero público participa en el 49% (la Cajas de Ahorro asumen la mitad de las pérdidas, a pesar de que son entidades sin ánimo de lucro). La participación de este dinero público garantiza la viabilidad del sistema, y, además, repercute negativamente en la sociedad en el montaje de una infraestructura burocrático-administrativa ideal para proporcionar cargos apetecibles para los afiliados al partido político que gobierna. A pesar de ello, hemos de hacer memoria, y decir que alguna Caja de Ahorros ha quebrado al no poder soportar este tipo de gestión.
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