Publicado en Levante EMV el día 03-05-12
Ante el anuncio por parte del vicepresidente Císcar de la próxima privatización
de la gestión de toda la sanidad pública valenciana, el mensaje que se transmite
a los ciudadanos es que no hay más remedio: o se privatiza o quiebra. Pero la
pregunta siguiente sería: ¿No existe otra alternativa que ceder el control de
nuestra sanidad a empresas con ánimo de lucro, muchas de las cuales están
controladas por los llamados mercados financieros?
Y otra pregunta: ¿Cómo se entiende que se pueda hacer negocio en un sistema
sanitario subfinanciado, con recortes espectaculares, con la necesidad de seguir
reduciendo los gastos, con la obligación del pago de un canon y, al final, poder
conseguir beneficios que merezca la pena el viaje con estas alforjas?
Las dos justificaciones que da el Consell para esta privatización son la
necesidad de economía de escala y la mayor flexibilidad de la empresa privada
respecto a la administración.
Respecto a la economía de escala, hace 17 años que están hablando de central de
compras. No lo han hecho (sus razones tendrán) y se podría establecer sin
necesidad de una gestión privada.
En relación a la flexibilidad, la administración tiene suficientes mecanismos
para actuar con urgencia y para racionalizar los recursos, humanos y materiales.
Tampoco se ha hecho nada significativo en 17 años. La Agencia Valenciana de
Salud ha sido un reino de taifas donde se ha permitido un reparto de poder y
capacidad ejecutiva sin criterios generales.
En la opinión del SIMAP, representante de médicos que trabajan en la asistencia
pública sanitaria, en todos estos años de mismo color político ha faltado en el
Consell planificación, organización, objetivos y sabiduría. ¿Por qué? Porque el
partido del gobierno nunca ha sentido como suya una sanidad como servicio
público. Ha sido un mal menor, una estructura a mantener. Esto explica dónde
hemos llegado: gestores no profesionales, establecimiento de una organización en
muchos casos secundaria a la presión de grupos de poder internos y externos,
catálogo de prestaciones por decisiones arbitrarias, planes de choque de lista
de espera que duran 16 años para alimentar a las clínicas privadas que ahora se
recortan por su coste, servicios privados de Resonancia Magnética por sus
ventajas económicas que han resultado mucho más caros que los públicos,
decisiones sin consultar a los profesionales, ausencia de implantación de
programas de racionalización de recursos de información y gestión de los
procesos clínicos, no potenciación de la asistencia primaria con persistencia
del hospitalocentrismo y deterioro del proceso básico en medicina, la relación
médico-paciente en la que también intervienen todos los profesionales
sanitarios, sin tiempo para realizar el trabajo de forma adecuada.
Un cambio del paradigma se podría implementar sin necesidad de privatización.
Existen pruebas robustas de la falta de eficiencia y rentabilidad de la sanidad
privada en países como EEUU y Reino Unido y en la experiencia de las concesiones
administrativas valencianas.
Al final, el sistema sanitario se reduce a un objetivo: la búsqueda de la salud
para todos, con dos pilares básicos y eficientes: prevención (y ahora la propia
crisis es un caldo de cultivo para afloren enfermedades orgánicas y
psicosociales) y tiempo, un intervalo temporal suficiente para comprender al
paciente y ejercer nuestro trabajo. Resultado: menos fármacos, menos pruebas
diagnósticas, menos derivaciones, mayor eficiencia y, al final, mayor bienestar
del paciente a mucho menor coste.
Y por último, aunque hay mucho más, señalar que los profesionales nos sentimos a
la deriva, sin saber qué va a suceder, sin confiar en nuestros gestores pues son
los mismos que no han conducido a esta situación, y con dudas éticas sobre el
tipo de medicina que se cierne sobre nuestra comunidad.
¿Por qué no nos preguntan? Aún están en plazo. Sin tiempo no hay medicina.
Blas Bernácer
Delegado Sindical del SIMAP
