Dr.
Presidente del
SIMAP (Sindicato de Médicos de Asistencia Pública)
Publicado en Tribuna, Diario Médico, 14 de
marzo de 2011
Hace ya más de diez años que el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas dictó la Sentencia del Asunto SIMAP (3 de octubre del
2000), que decía que la actividad de los médicos está comprendida dentro del
ámbito de aplicación de las Directivas Europeas relativas a la aplicación de
medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores
en el trabajo y a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo
(en aquella época Directiva 93/104, de 23 de noviembre de 1993 y en
Un aspecto fundamental fue la eliminación de la jornada
laboral ilimitada según necesidades del servicio y la obligación de respetar el
límite máximo de 48 horas a la semana (incluyendo la atención continuada y
guardias médicas, eufemismo del concepto hora extraordinaria que figura
literalmente tanto en la Directiva como en la Sentencia y que
En el Estado Español la transposición de las citadas
Directivas, obligado por la Sentencia, se efectuó a través del Estatuto Marco de
16 de diciembre del 2003. Sin embargo, los responsables del Ministerio de
Sanidad se preocuparon más de recoger las excepciones a la Directiva que
Pero esencialmente se olvidó intencionadamente, para
producir indefensión, decir cuál era la correlación en jornada máxima anual de
las ya citadas 48 horas a
Ante repetidas preguntas tanto ante el Ministerio de
Sanidad como ante las Comunidades Autónomas nunca se nos ha respondido de forma
concreta. Alguna inefable contestación verbal ha consistido en “les aplico 48
horas a la semana por 47,8 semanas”.
Como conclusión, tendríamos que en primer lugar los médicos
cuando trabajamos para el Sistema Nacional de Salud somos trabajadores sometidos
a las Directivas Europeas de tiempo de trabajo y en segundo lugar que tenemos
derecho a que se nos diga, cuál es nuestra jornada anual máxima traducida en
horas. Las autoridades sanitarias tienen la obligación legal de concretar este
término y la obligación ética de tratar correctamente a los médicos del Sistema
Nacional de Salud, para fidelizar su permanencia en el mismo y no recurrir al
tópico de “faltan médicos”.