Publicado en Diario Médico,23-01-04

 

 

 

: Resistencia de la Administración a humanizar el ejercicio de los residentes

 

 

El autor considera necesaria una revisión de la situación laboral de los residentes debido a las sentencias del Supremo que proclaman el derecho a la libranza después de una jornada de guardia de presencia física de 24 horas y a la jornada máxima de 58 horas semanales, que este colectivo no cumple habitualmente. Reclama de Sanidad su implicación en la solución del conflicto.

 

El personal laboral en periodo de formación mediante el sistema de residencia -o sea, los médicos internos residentes y facultativos afines (personal MIR)- está incluido en la Directiva 93/104, después de que así lo dispusiese la Directiva 2000/34.

 

Este personal MIR está inequívocamente incluido en el Estatuto de los Trabajadores mediante unos contratos de formación desde la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 1999. Esta misma sentencia proclamaba el derecho a la libranza después de una jornada de guardia de presencia física de 24 horas consecutivas.

 

En una segunda sentencia de la citada Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2003 (nuevamente ante un conflicto colectivo planteado por el Sindicato de Médicos de Asistencia Pública) se resolvía que el artículo 34.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre la jornada máxima ordinaria de 40 horas semanales no era aplicable a los médicos y que se debería estar a lo establecido en la Directiva 2000/34 sobre tope máximo absoluto del tiempo de trabajo, que en la actualidad se concreta en 58 horas y que tras un periodo transitorio pasará a ser de 48 horas.

 

El personal MIR es un personal en formación, y por tanto, sobre él no puede hacerse gravitar casi en exclusiva la actividad asistencial de las instituciones sanitarias. Obligar a firmar un contrato de adhesión con cláusulas abusivas impone una situación de incertidumbre que pone en peligro los derechos laborales de los trabajadores que los suscriben, y más si tenemos en cuenta que la única vía para conseguir el título de especialista es la MIR. Queda claro que estos médicos son un personal que se debe utilizar además de la plantilla y no en vez de ella.

 

El residente debe hacer la jornada ordinaria y las guardias, pero respetando con ambas conjuntamente la jornada máxima y conjugando los aspectos docentes con los aspectos laborales.

 

La labor docente del personal de plantilla debe ser reconocida curricular y retributivamente.

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El personal MIR deber tener garantizados sus derechos sindicales a través de los comités de empresa al margen de los intereses de colectivos sindicales de clase o de otros grupos profesionales ajenos a ellos.

 

La inhibición del Ministerio de Sanidad y su resistencia a aplicar la jurisprudencia del Tribunal Supremo es preocupante. No podemos aceptar que la solución al tema sea pedir la ejecución individual de las sentencias. En el ya lejano 1975 muchos médicos, en plena etapa dictatorial, tuvimos que efectuar una huelga de más de un mes de duración para conseguir que nuestra vinculación con la Administración sanitaria se regulara mediante contratos laborales. Luego este contrato laboral se ha desarrollado plagado de condiciones abusivas que utilizan la situación de necesidad de los médicos para obligarlos a firmar estos contratos. Y esta cuestión no es inocua, pues, consecuencia de ello son acontecimientos que crean alarma social como el suicidio de una MIR del Hospital Josep Trueta de Girona durante su horario laboral y en su centro de trabajo, condicionada por decisiones empresariales que le produjeron una sobrecarga física y psíquica que le condujeron al fatal desenlace, o como otra residente de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, con problemas psicológicos y condiciones de trabajo extenuantes, que produjo tres muertes y cinco heridos.

 

  Juan Benedito Alberola. Presidente del sindicato SIMAP