La defensa de la sanidad pública es uno de
los pilares de la existencia del
La casualidad, si es que existe, hizo que hace casi un año
les llegara uno de los correos que os enviamos a los afiliados donde tratábamos
el tema de la propuesta
de reforma de la Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de
gestión del Sistema Nacional de Salud que se iba a votar en el
congreso de los diputados. Cuando parecía todo perdido, en los últimos minutos
antes de la votación, nuestra acción conjunta hizo que a los diputados del PSOE
les conectara la neurona de la congruencia y votaran en bloque por la
modificación de esta ley. Fue aprobada con 173 votos a favor con el voto de
ICV, PSOE, BNG, Nafarroa Bai y UPyD. En contra se ha colocado el PP147 votos.
CIU y PNV se abstuvieron sumando 20 abstenciones.
Pero desgraciadamente, está conexión neuronal fue fugaz y
duró los justo para conseguir ese resultado tan esperanzador. Nada más salir del
hemiciclo, los diputados del PSOE ya se habían arrepentido y curado de ese
contagio de coherencia y compromiso.
Y la consecuencia es que ya no se ha vuelto a hablar más
del asusto y siguen con la política de hechos consumados: se abren hospitales
privados mientras se cierran camas públicas en varias comunidades autónomas.
CAS Madrid consiguió que medio millón de personas (500.000)
apoyaran con su firma la derogación de esta Ley. Ahora tiene en marcha otra
campaña ante el conocimiento de que en estos momentos, y con la excusa de la
crisis, se prepara una nueva agresión contra todos los usuarios de la sanidad
pública: la introducción de copagos, tasas o tickets en el momento de la
utilización de los servicios sanitarios o en farmacia.
Todos somos conscientes de que en muchas ocasiones se
produce un abuso en la utilización por parte de la población de los servicios
sanitarios, sobre todo a nivel de urgencias, atención primaria y gasto
farmacéutico. Muchos hemos pensado en ocasiones qué efecto tendría esta tasa,
aunque fuera simbólica, disuasoria. Creemos sinceramente que no se puede abordar
el problema por ahí, por lo menos no como única medida, si es que alguno de
vosotros aún piensa en su utilidad.
Hace falta un abordaje valiente y comprometido de los
problemas de la sanidad pública actual.
Por qué no empiezan por ajustar el presupuesto a nivel de
gasto farmacéutico.
Dos puntos básicos supondrían un gran ahorro económico y
una clara mejora de la calidad asistencial y de la satisfacción de los
profesionales sanitarios.
1.- Limitar el vademécum de los fármacos
financiados por la seguridad social a aquellos que realmente han demostrado su
eficacia, dos o tres de cada familia terapéutica. Esa responsabilidad de
selección debe ser de la Administración, con criterios bien documentados, como
también debe ser responsabilidad de la Administración la formación continua de
sus trabajadores y no dejarla en manos, de forma casi exclusiva, de la industria
farmacéutica. En estos temas hay mucha hipocresía. Habría que regularlo y
controlarlo de forma estrecha antes de hacer pagar a los pacientes por una
consulta médica. Es cierto que en el tema de limitar los fármacos financiados
por la sanidad pública hay voces críticas que defienden que no se puede limitar
la libertad de prescripción del médico. Pero entre respetar la libertad de
prescripción del médico, la “Hoguera de las Vanidades” que ha montado la
industria farmacéutica, la capacidad de financiación de la sanidad pública y el
correcto hacer de los profesionales sanitarios, debemos poder encontrar ese
“virtuoso término medio”. Para encontrarlo, lo primero es querer buscarlo y lo
segundo, trabajar en ello.
2.- Invertir en recursos humanos:
Por qué no dan más tiempo a los profesionales para hacer su
trabajo.
Que podamos atender a nuestros pacientes, evaluar la
realización o no de pruebas complementarias o la instauración o no de un
determinado tratamiento con la tranquilidad de que tenemos la posibilidad de
hacer un seguimiento clínico cercano que nos permitirá corregir el rumbo
si surgen incidencias.
La población en general no quiere hacer un uso abusivo ni
de la asistencia sanitaria ni del uso de medicamento. La población lo que está
es desamparada, confusa y desconfiada sin saber dónde acudir cuando tiene un
problema. Si cada médico de primaria tiene un cupo adecuado de pacientes para
poderlo conocer y atender correctamente, si se fomenta esa confianza en el
médico y también en el equipo del centro de salud porque se trabaja al unísono,
evidentemente preferirán esperarse a que les atiendan en su centro de salud que
acudir a una servicio de urgencias, a no ser que sea una urgencia vital.
¿Por qué no dan tiempo al médico y demás profesionales
sanitarios para que desarrollen una educación realista y correcta de la
población en el uso adecuado del sistema sanitario público?
¿Por qué los políticos no dejan de aplicar el “todo vale en
sanidad” porque tiene un alto rendimiento político?
¿Por qué dejan entrar sin freno a la empresa privada tanto
a nivel asistencial como farmacéutico basándose en la falacia de que la gestión
privada es más dinámica que la pública, cuando el verdadero problema es que los
gestores que eligen para los lugares públicos no tienen, en general, ni la
cualificación ni la motivación adecuada para desarrollar correctamente su
trabajo, no tienen un verdadero programa de actuación y se mueven generalmente
por intereses personales?
Parece que si se realizaran este tipo de medidas, muchos de
los que en el “status quo” se llenan el bolsillo, no lo haría. Los trabajadores
sanitarios no dan dinero ni poder, sólo problemas porque piensan, hacen su
trabajo y generan gasto, y además reivindican mejoras en sus condiciones de
trabajo y en sus retribuciones…
Es importante tomar partido, y cada vez resulta más fácil
que nuestro punto de vista, gracias a “Internet”, se sume al de muchos para que
sea una voz unitaria ante este tipo de actuaciones.
Ante la privatización creciente de la sanidad, cebe también
preguntarse dónde se invertirá ese dinero recogido del copago ¿Va a repercutir
en mejorar la sanidad publica? Porque si va a engrosar los dividendos de las
empresas privadas, constructoras, aseguradoras o farmacéuticas, lo tenemos
claro.
Está es la reivindicación de CAS Madrid y
que os hago llegar por si queréis sumaros a ella entrando en su página Web para
la recogida de firmas:
El copago no es ninguna solución y aumenta las
desigualdades sociales. Es un nuevo impuesto a los enfermos y que supondrá pagar
otra vez por algo que ya hemos pagado (la asistencia sanitaria se financia entre
todos, vía impuestos).
Es por ello por lo que hemos lanzado una nueva campaña
estatal de recogida de firmas y movilizaciones, y te pedimos que colabores
firmando y difundiéndola:
